Ante la serie de declaraciones vertidas por los voceros del Gobierno de Agúndez (su ex-adversario y ahora fiel empleado, el Secretario Porras, y otro de sus brazos ejecutores, el Sr. Rentería), y para evitar las tergiversaciones de sus medios oficiales, quiero exponer mi posición ante el conflicto del Hotel “Los Arcos”. El Hotel “Los Arcos” de La Paz ha sido propiedad de la familia Cóppola Joffroy desde hace más de cincuenta años. En lo personal, dejé de trabajar en dicho hotel desde el año 1980, fecha en la que me incorporé como director del Hotel Finisterra en Cabo San Lucas. El porcentaje de mi participación en la propiedad del Hotel es minoritaria, de acuerdo a la herencia que dejaron mis padres a sus cuatro hijos y a sus colaboradores leales cuando fallecieron. Participo en la propiedad, más no participo ni he participado en su administración. Cualquier afirmación al respecto es falsa, y quien la sostenga, un mentiroso.

Mi preocupación por lo tanto en este conflicto es triple; como ciudadano sudcaliforniano, como Senador de la República y como socio minoritario. El Hotel Los Arcos ha cerrado doscientas habitaciones por casi dos años, un inmueble en deterioro en pleno Malecón de La Paz, la zona más emblemática de la ciudad, que ha dejado a miles de perjudicados por un conflicto artificial sostenido desde el vientre del gobierno del Estado.

He visto la agresión de esta administración a los inversionistas turísticos a lo largo de todo el estado, y causa vergüenza oírlos hablar de turismo sustentable y de fuentes de trabajo, cuando lo único que han hecho los últimos cinco años es destruir lo que generaciones completas de gente buena y laboriosa construyó en décadas. Vinieron a robar la paz social y el dinero, y eso es lo único que saben hacer bien. Sus intereses son personales y económicos y pronto publicaré la lista de agravios que esta canalla le ha infligido al pueblo de Baja California Sur.

Soy hombre de bien y acepto, acato y acataré las resoluciones judiciales que emanen de los Tribunales Federales. Celebro que el Sr. Rentería, repentinamente, reconozca la seriedad de los jueces federales, y deje de considerarlos “vendidos a Cóppola”. Yo sin embargo no he cambiado de opinión respecto a su persona y a los funcionarios de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Los sigo considerando meros instrumentos de Narciso Agúndez, sujeto nefasto donde los haya, que llegó al gobierno de Baja California Sur a lucrar y a pervertir la sociedad y el desarrollo, llenándolo de inseguridad jurídica y de pseudo inversionistas, cuando no, de meros delincuentes. Nadie da lo que no tiene; por tanto no espero una sentencia justa, digna y decente de quienes no son justos, ni tienen dignidad ni decencia. El problema de “Los Arcos” se resolverá cuando esta gavilla de forajidos sea expulsado de los puestos de gobierno que ocupan. En última instancia, serán las autoridades federales quienes tendrán la última palabra.